Desde hace tres años que una serie de casos de violencia infantil se apilan en los tribunales y diarios cordobeses. A partir de la repercusión en los medios de comunicación, la sociedad cordobesa empezó a seguir de cerca el accionar y las decisiones de la Justicia, a veces fuertemente criticados.
El caso de Ludmila Valentina Bachetti, se conoció el 13 de septiembre del 2005 y marcó un hito en la sociedad cordobesa. Fue trascendente, el hecho que los padres fueran condenados por juzgados populares, pero mayor importancia tuvo en la opinión pública nacional el fallo ejemplificador de la Cámara Undécima de la Justicia Penal Cordobesa .
A pesar de que María Doquier, abuela de la niña, acudió a la Justicia, la denuncia de la mujer no fue tenida en cuenta y meses después se produjo la muerte de la pequeña en una clínica privada de Córdoba. Este caso generó un fuerte cuestionamiento a la jueza de Menores interviniente, Amalia García de Fabre, quien tuvo que afrontar una investigación.
El sistema judicial volvió a ubicarse bajo la mirada de la opinión pública, tras condenar a Walter Bernaola a tan solo seis años y medio de prisión. El padre adoptivo que mató al niño Lucas Flores, habría actuado bajo emoción violenta, según el fiscal. Al no ser contundentes las pruebas y quedando el Estado exento de toda responsabilidad, el accionar del sistema volvió a ser criticado.
El asesinato de Ludmila y posteriormente el de Lucas, aceleraron el tratamiento y aprobación, por unanimidad, de la Ley de Violencia Familiar. La Ley 9283, incluye algunos conceptos innovadores para el tratamiento de esta problemática y podría dividirse en dos aspectos fundamentales: El Procedimiento Judicial (que garantice celeridad y transparencia) y la Prevención y Contención de las víctimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario