martes, 1 de julio de 2008

Caso Lucas Flores. Piden siete años de prisón por matar a su hijo


El fiscal del caso Lucas Flores encuadró la conducta criminal del acusado, Walter Bernaola, dentro de la figura de emoción violenta. Lucas Flores, un niño de ocho años, fue víctima de una feroz golpiza propinada por su padre adoptivo que lo llevó a la muerte en febrero de 2006. Las características del caso exhiben una innumerable cantidad de fallas en el sistema de adopción de la Provincia de Córdoba, en particular aquellas ocurridas en el proceso de selección de los padres adoptivos. Algunas voces se alzaron en la Cámara Undécima reclamando por la investigación de ciertos magistrados, cuya incompetencia involucraría a todo el sistema.

El día martes 10 de junio de 2008, los cronistas de esta publicación se dirigieron al edifico de Tribunales Provinciales II, con el objetivo de observar los alegatos de las partes y la posible sentencia del caso Lucas Flores. En el lugar y luego de atravesar el detector de metales los periodistas debieron someterse a un control policial para la averiguación de antecedentes.

Después de una larga espera, a las 10:10 de la mañana, finalmente ingresamos a la Cámara Undécima del Crimen donde el acusado, Walter Bernaola, se encontraba esposado al frente del tribunal custodiado por un oficial de Policía. Además, se encontraba a pocos metros la pareja de Bernaola, María José Bustos. Para iniciar la jornada, los jueces, Graciela Bordoy, Nereo Maggi y Daniel Ferrer Vieyra se ubican en el estrado.

El primero en tomar la palabra fue el abogado querellante Carlos Cangelosi, representante legal de los padres biológicos de Lucas. Lo mas llamativo, considerando que el imputado había reconocido días atrás su responsabilidad, fue la demanda contra el Estado Provincial por la suma de $200.000 de indemnización por daños morales.

Irresponsabilidad estatal
Cangelosi fundamentó: “Tanto el Estado como los guardas son responsables, ¿Quién mato a Lucas? El guardador fue el ejecutor del homicidio, pero fue el estado quien lo eligió”, refiriéndose a la incompetencia, falta de previsión y deficiencia en los informes realizados durante el proceso de selección de padres adoptivos.

El querellante, además se refirió al informe que ayudó al juez Daniel Strasorier a determinar que la pareja Bernaola-Bustos podía cuidar y contener al niño. Aparentemente, el documento carecía de sellos y firmas que respaldaran su contenido, por lo que fue imposible citar a declarar al autor del mismo.

“Me descompuse”
Llegó el turno del fiscal Diego Albornoz, quien iba a determinar la responsabilidad penal de los padres adoptivos de Lucas, tanto de Bernaola como de Bustos. Albornoz explicó que, tomando en cuenta la confesión del imputado, solo quedaba determinar la co-autoría de lesiones leves. Estas últimas no pudieron ser probadas y la pareja del acusado quedó fuera de sospecha alguna.

A las 11:40, el discurso del fiscal comenzó a girar alrededor del caso sin concluir en nada, se lo notaba nervioso, poco preciso e inseguro. Fue allí, cuando interrumpió su acusación y exclamó: “Su señoría, podemos parar unos minutos, me descompuse”. El presidente de la cámara accedió de forma inmediata y llamo a un cuarto intermedio.

Una vez afuera de la sala, nos encontramos con colegas de los diarios La Mañana de Córdoba y La Voz del Interior, quienes dialogaban enérgicamente en los pasillos. Sin duda, esta situación alertaba y levantaba sospechas ante los rumores del supuesto pedido de emoción violenta, una figura atenuada de homicidio, que beneficiaria tanto a al Estado como al imputado y lejos estaría de hacer justicia por Lucas.

La acusación
El fiscal Diego Albornoz, encuadró el hecho dentro de la emoción violenta basándose en el informe realizado por la pericia psiquiatrica. El fiscal explicó: “Del relato de Bernaola se infiere que sufrió un impulso violento, desencadenado por la emoción del mismo”. Aparentemente, el imputado se había creado expectativas con Lucas, que se vieron frustradas por su comportamiento.

Finalmente, cabe destacar que la pena solicitada es de seis años por homicidio mas un año por tenencia ilegal de arma, solicitud con la que coincidieron todas las partes.

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