EE UU. El video del jóven Omar Khadr, durante el interrogatorio en Guantánamo

Por primera vez en la historia, salió a la luz la filmación de un interrogatorio en la Bahía de Guantánamo llevado a cabo en 2003. El pequeño fragmento entregado por los abogados del jóven Afgano, Omar Khadr, es parte de la evidencia presentada ante la justicia. De esta manera, el video, intentó mostrar los efectos que tienen tanto la detención como los interrogatorios prolongados en la cárcel de Guantánamo.

Cabe recordar que la prisión se ubica en la isla de Cuba, donde Estados Unidos estableció una base naval tras obtener el control de Cuba por parte de España al término de la Guerra hispano-estadounidense, siguiendo con la invasión de la Bahía de Guantánamo en 1898. El gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua que comenzó el 23 de febrero de 1903, otorgada por Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba.(Wikipedia, la enciclopedia libre)



La grabación muestra a un joven, capturado a los 15 años en Afganistan y retendido de manera extra-judicial por mas de cinco años, llorando de manera desconsolada con sus manos sobre su rostro mientras es interrogado por un oficial de inteligencia canadiense. En medio de la desesperación Omar exclamó: "Yo a usted no le importo", y leugo continuó repitiendo entre lágrimas "Matenme, matenme".

Tras la aparición de estas imágenes, la polémica en torno a los métodos utilizados en Guntánamo volvió a instaurarse. Hace unos años, la revista New York Times publicó extractos de un memorando interno de la administración de Bush, en el que se refiere a un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El informe indica varias actividades en las que, se dice, eran equivalentes a tortura: exposición de ruidos o música molesta, temperaturas extremas por tiempo prolongado o palizas.

A pesar de que en 2005 el Congreso de los Estados Unidos prohibió a los militares el uso de técnicas coercitivas en los interrogatorios de Guantánamo, la CIA aún cuenta con la autorización de la Casa Blanca para utilizar métodos alternativos y secretos en los interrogatorios.

La recurrente aparición de pruebas que evidencian las condiciones a las que son sometidos los prisioneros, provocarón que muchos sectores de la Opinión Pública exigan el cierre de todas aquellas prisiones clandestinas que posee EE UU.

Intervienen medios de comunicación ecuatorianos

La madrugada del martes 8 de julio, el gobierno ecuatoriano intervino dos canales de televisión, pertenecientes a dos ex banqueros prófugos de la justicia, por la quiebra de Filanbanco. Además una radio fue clausurada por el Estado este martes, en acciones que causaron la renuncia de un ministro y que, a juicio de opositores y gremios del sector, amordazan a la prensa.

Las instalaciones de Gamavisión y TC Televisión, dos de las estaciones de señal abierta más populares del país, fueron ocupadas por la policía por órdenes de Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Según informa el periódico El Mercurio de Ecuador, la AGD tomó la decisión dentro del proceso de embargo de 195 bienes de los hermanos William y Roberto Isaías.

Paralelamente, la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró este martes a Radio Sucre en Guayaquil por supuestamente no cumplir con los requisitos para la renovación de su licencia.

Radio Sucre había sido muy criticada en las últimas horas por el presidente Correa por la decisión de la emisora de convocar a una marcha contra la inseguridad.
El órgano interventor designó administradores temporales para los canales, que continuaron emitiendo la señal aunque sus espacios informativos de la mañana no fueron transmitidos.

Resistencia al atropello
Por su parte, los trabajadores se aglomeraron en los pasillos y azoteas de los medios para exigir estabilidad laboral. En la fachada de Gamavisión pendían carteles con un "S.O.S. libertad de expresión" o con letreros en que se leía "Tenemos familia, queremos trabajo".

Para la autoridades ecuatorianas la incautación de bienes “no vulnera ningún derecho laboral ni paraliza ninguna de las empresas en cuestión y el Estado ecuatoriano les garantiza seguridad y estabilidad".

Sin embargo, según testimonios de personal en ambas estaciones, los trabajadores han dejado sus oficinas a la espera que se aclare la situación, dado que no confían en la palabra oficial. Estos últimos exigen saber si la nueva administración interventora los mantendrá en sus cargos.

El presidente Rafael Correa conoció la resolución de la AGD el lunes en una reunión con varias autoridades, al término de la cual el ministro de Economía, Fausto Ortiz, presentó su renuncia luego de oponerse y discutir acaloradamente con el mandatario por el procedimiento. Cabe destacar que hace pocos días el presidente Correa prometió que no intervendrían estas empresas.

Inminente Censura
Queda más que claro, que Rafael Correa es un aliado fundamental de Hugo Chávez en la región, como quedó demostrado en la postura adoptada frente a las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC).

El fantasma de la censura, empieza a sobrevolar a la administración ecuatoriana y
algunos representantes de los medios de comunicación ecuatorianos se animan a comparar lo ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela en 2006 con Radio Caracas TV, cuando Chávez no renovó la licencia por ser un medio crítico con el Gobierno.

El presidente de Gamavisión, Álvaro Dassum, dijo a la prensa que su estación no pertenece al grupo Isaías y aseguró que "el Gobierno quiere callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad".

El director de información de Gamavisión, Wilson Moposita, aseguró que la intervención "no tiene explicación lógica" y afirmó que es parte de lo que define como la actitud beligerante del presidente Correa con los medios.

“Correa ha tenido una actitud hostil contra los medios de comunicación. Dice que los medios manipulan. Ha sacado a periodistas de ruedas de prensa cuando cree que las preguntas que le hacen no están acordes con la verdad que él maneja", afirmó Moposita, quien negó que su canal tenga una línea editorial antigubernamental.

Moposita calificó la medida de atropello y aseguró que el proceso legal contra Filanbanco no ha concluido por lo que "no hay fallo judicial que avale ese atropello".

Por su parte, el subdirector del diario El Universo, Emilio Palacios, adhiriendo al reclamo opinó que la incautación "es una medida totalmente arbitraria" tomada por el gobierno para "amordazar a los medios que puedan dar cabida a voces críticas" en vísperas de la campaña electoral.

Malas relaciones
Los vínculos entre la prensa y el presidente Correa han sido tensos desde que este llegara al poder en enero de 2007.

El gobierno asegura que los medios son parte de lo que llama la oligarquía que controló al país en las últimas décadas y que por tanto se oponen a su proyecto político que el presidente define como socialista.

Correa afirma que los intereses empresariales marcan la pauta de la prensa que cuestiona la "vocación popular" y "nacionalista" de su gestión.

Tras el rescate de Ingrid Betancourt, bajarían los secuestros

En los últimos tiempos, Colombia obtuvo resultados muy favorables en materia de seguridad. Por este motivo, la opinión pública y el gobierno colombiano consideran la posibilidad de acabar, a corto plazo, con la problemática de secuestros que afecta al país. Principalmente, el gobierno colombiano focalizaría sobre grupos ilegales que argumentan motivos políticos desde hace más de 40 años.

Las cifras de ilícitos entre 1996 y el 2001 eran alarmantes. Según la Fundación País Libre, 15.214 colombianos fueron secuestrados en este período, siendo el 2000 el año más crítico con 3.572 casos. De esta cifra, el 53 por ciento fueron realizados por Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), consideradas el grupo con mayor infraestructura.

Desde inicios de la administración del presidente Álvaro Uribe, se ejecutó la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Hacia el año 2002, producto de la ofensiva realizada por las fuerzas del Ejército en contra de grupos guerrilleros, se registró una reducción del 272 por ciento en la comisión del delito.

Durante el transcurso del año 2004 se registraron unos 1.052 de casos en que las personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad. Según País Libre, los secuestros registraron un descenso del 42 por ciento respecto al año anterior. Patricia Villaveces, directora de la entidad, señalo que la cifra en 2004 había sido la menor en los últimos diez años pero advirtió: “el fenómeno sigue como delito y no podemos bajar la guardia”.

En definitiva, en julio de 2008, el presidente Uribe se encuentra en el momento cumbre de su administración. No solo consiguió la liberación de la rehén más famosa del planeta, sino que condicionó a los miembros de la guerilla con vistas al futuro. Estos últimos hace años que perdieron el rumbo en la lucha ideológica y su accionar solo gira en torno al narcotráfico. De manera que si las FRAC pierden los escasos apoyos que conservan hasta hoy, la ofensiva militar colombiana pondría en jaque a la estructura guerrillera y acabaría con el principal grupo responsable de los secuestros en el país sudamericano.

El maltrato infantil no cesará hasta que el Estado se comprometa

Últimamente, la notoriedad que cobraron los casos de niños maltratados por sus padres ha sido extraordinaria. La toma de conciencia de que la problemática es más común de lo que la gente habitualmente piensa, es un gran avance para impulsar a que estas agresiones sean denunciadas tanto por las víctimas como por los testigos.

En el año 2006, tras una serie de dolorosos homicidios, se aceleró la aprobación de la Ley de Violencia Familiar. En principio, se vislumbraba un horizonte prometedor tras las ventajas y nuevas posibilidades plasmadas en la normativa.

Dentro de las novedades, se incorporó la posibilidad que el magistrado disponga de todas las medidas tendientes a la protección de la vida, lo que permitirá a los jueces actuar de manera inmediata cuando una persona denuncie maltrato u agresiones. Otro punto a destacar es la posibilidad de excluir al agresor del hogar.

Además de las medidas para actuar con efectividad, la ley estipula políticas públicas de prevención con la creación del Programa de erradicación de la Violencia Familiar. Este último tendrá como objeto prevenir la violencia familiar, impulsar procesos de modificación de patrones socioculturales de conducta, establecer tratamientos especiales de rehabilitación y reinserción para el autor de las conductas violentas.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco legal apropiado, el sistema no ha podido implementar planes sociales de prevención de violencia. Esto es tal vez, la falencia más grave que resaltaron todos los especialistas consultados, tanto aquellos que trabajan fuera de la repartición pública como aquellos que son agentes de la misma.

La principal causa que se le atribuye es la falta de compromiso del Estado, tanto con la educación como con la salud de las personas. Pero también, la falta de recursos de algunas áreas especializadas que no tienen el respaldo económico para hacer cumplir las normativas.

De cara al futuro se vislumbra un período donde el Estado brillará por su ausencia en cuestiones relacionadas con el maltrato infantil. La falta de interés de parte de las autoridades no da ningún indicio de que la situación vaya a cambiar. Como ha quedado demostrado en el pasado, solo cuando aparezcan otras Ludmilas tomarán conciencia quienes nos gobiernan.

Noticias para tomar conciencia

Desde hace tres años que una serie de casos de violencia infantil se apilan en los tribunales y diarios cordobeses. A partir de la repercusión en los medios de comunicación, la sociedad cordobesa empezó a seguir de cerca el accionar y las decisiones de la Justicia, a veces fuertemente criticados.

El caso de Ludmila Valentina Bachetti, se conoció el 13 de septiembre del 2005 y marcó un hito en la sociedad cordobesa. Fue trascendente, el hecho que los padres fueran condenados por juzgados populares, pero mayor importancia tuvo en la opinión pública nacional el fallo ejemplificador de la Cámara Undécima de la Justicia Penal Cordobesa .

A pesar de que María Doquier, abuela de la niña, acudió a la Justicia, la denuncia de la mujer no fue tenida en cuenta y meses después se produjo la muerte de la pequeña en una clínica privada de Córdoba. Este caso generó un fuerte cuestionamiento a la jueza de Menores interviniente, Amalia García de Fabre, quien tuvo que afrontar una investigación.

El sistema judicial volvió a ubicarse bajo la mirada de la opinión pública, tras condenar a Walter Bernaola a tan solo seis años y medio de prisión. El padre adoptivo que mató al niño Lucas Flores, habría actuado bajo emoción violenta, según el fiscal. Al no ser contundentes las pruebas y quedando el Estado exento de toda responsabilidad, el accionar del sistema volvió a ser criticado.

El asesinato de Ludmila y posteriormente el de Lucas, aceleraron el tratamiento y aprobación, por unanimidad, de la Ley de Violencia Familiar. La Ley 9283, incluye algunos conceptos innovadores para el tratamiento de esta problemática y podría dividirse en dos aspectos fundamentales: El Procedimiento Judicial (que garantice celeridad y transparencia) y la Prevención y Contención de las víctimas.

Caso Lucas Flores. Piden siete años de prisón por matar a su hijo

El fiscal del caso Lucas Flores encuadró la conducta criminal del acusado, Walter Bernaola, dentro de la figura de emoción violenta. Lucas Flores, un niño de ocho años, fue víctima de una feroz golpiza propinada por su padre adoptivo que lo llevó a la muerte en febrero de 2006. Las características del caso exhiben una innumerable cantidad de fallas en el sistema de adopción de la Provincia de Córdoba, en particular aquellas ocurridas en el proceso de selección de los padres adoptivos. Algunas voces se alzaron en la Cámara Undécima reclamando por la investigación de ciertos magistrados, cuya incompetencia involucraría a todo el sistema.

El día martes 10 de junio de 2008, los cronistas de esta publicación se dirigieron al edifico de Tribunales Provinciales II, con el objetivo de observar los alegatos de las partes y la posible sentencia del caso Lucas Flores. En el lugar y luego de atravesar el detector de metales los periodistas debieron someterse a un control policial para la averiguación de antecedentes.

Después de una larga espera, a las 10:10 de la mañana, finalmente ingresamos a la Cámara Undécima del Crimen donde el acusado, Walter Bernaola, se encontraba esposado al frente del tribunal custodiado por un oficial de Policía. Además, se encontraba a pocos metros la pareja de Bernaola, María José Bustos. Para iniciar la jornada, los jueces, Graciela Bordoy, Nereo Maggi y Daniel Ferrer Vieyra se ubican en el estrado.

El primero en tomar la palabra fue el abogado querellante Carlos Cangelosi, representante legal de los padres biológicos de Lucas. Lo mas llamativo, considerando que el imputado había reconocido días atrás su responsabilidad, fue la demanda contra el Estado Provincial por la suma de $200.000 de indemnización por daños morales.

Irresponsabilidad estatal
Cangelosi fundamentó: “Tanto el Estado como los guardas son responsables, ¿Quién mato a Lucas? El guardador fue el ejecutor del homicidio, pero fue el estado quien lo eligió”, refiriéndose a la incompetencia, falta de previsión y deficiencia en los informes realizados durante el proceso de selección de padres adoptivos.

El querellante, además se refirió al informe que ayudó al juez Daniel Strasorier a determinar que la pareja Bernaola-Bustos podía cuidar y contener al niño. Aparentemente, el documento carecía de sellos y firmas que respaldaran su contenido, por lo que fue imposible citar a declarar al autor del mismo.

“Me descompuse”
Llegó el turno del fiscal Diego Albornoz, quien iba a determinar la responsabilidad penal de los padres adoptivos de Lucas, tanto de Bernaola como de Bustos. Albornoz explicó que, tomando en cuenta la confesión del imputado, solo quedaba determinar la co-autoría de lesiones leves. Estas últimas no pudieron ser probadas y la pareja del acusado quedó fuera de sospecha alguna.

A las 11:40, el discurso del fiscal comenzó a girar alrededor del caso sin concluir en nada, se lo notaba nervioso, poco preciso e inseguro. Fue allí, cuando interrumpió su acusación y exclamó: “Su señoría, podemos parar unos minutos, me descompuse”. El presidente de la cámara accedió de forma inmediata y llamo a un cuarto intermedio.

Una vez afuera de la sala, nos encontramos con colegas de los diarios La Mañana de Córdoba y La Voz del Interior, quienes dialogaban enérgicamente en los pasillos. Sin duda, esta situación alertaba y levantaba sospechas ante los rumores del supuesto pedido de emoción violenta, una figura atenuada de homicidio, que beneficiaria tanto a al Estado como al imputado y lejos estaría de hacer justicia por Lucas.

La acusación
El fiscal Diego Albornoz, encuadró el hecho dentro de la emoción violenta basándose en el informe realizado por la pericia psiquiatrica. El fiscal explicó: “Del relato de Bernaola se infiere que sufrió un impulso violento, desencadenado por la emoción del mismo”. Aparentemente, el imputado se había creado expectativas con Lucas, que se vieron frustradas por su comportamiento.

Finalmente, cabe destacar que la pena solicitada es de seis años por homicidio mas un año por tenencia ilegal de arma, solicitud con la que coincidieron todas las partes.