A la expectativa por un posible acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores de Bolivia, la profunda crisis que divide al país se acerca a un desenlace. Sin embargo, si se toman en cuenta los antecedentes y las posturas de negación de los gobernantes de la región oriental del país andino, es muy probable que la ansiada paz no llegue.El problema de fondo es histórico. Tras casi 500 años de dominio del hombre blanco sobre la población indígena, la minoría que es representada por los gobernadores opositores de las regiones de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, se niega a aceptar un gobierno nacional democráticamente elegido por el pueblo y ratificado con el 68% de los votos en el último referéndum. Es decir, los grandes terratenientes se rehúsan a abandonar el poder político nacional.
La situación de crisis se viene gestando desde la asunción del indígena Evo Morales Ayma a la presidencia de la república, cuya gestión fue catalogada por algunos analistas políticos bolivianos como tendiente a hacer prevalecer una identidad de nación originaria, la indígena, lo que llevó a las regiones de oriente al pedido de autonomía regional por no sentirse representados. Este requerimento llevó a las autoridades a convocar sendos referendos cuyos resultados terminaron por llevar a los bolivianos a una polarización extrema, mechada por actos de violencia por odio racial.
Para las fuentes oficiales, el enfrentamiento entre las administraciones departamentales con la nacional gira en torno a tres cuestiones. Por un lado, la nueva constitución de corte indigenista, apañada por el gobierno y las organizaciones sociales, y las autonomías exigidas por el oriente. Por otro lado, el impuesto directo de los hidrocarburos y la utilización de las regalías. Finalmente, un pacto fiscal donde se encuentran contempladas las designaciones congresales.
Estas cuestiones, sumadas a las políticas que llevó adelante el presidente Morales durante su gestión, han provocado una ola desmesurada de violencia entre quienes defienden el proyecto nacional y quienes se niegan a aceptarlo, con un saldo de 16 muertos hasta la fecha, víctimas de una emboscada perpetrada por un grupo opositor armado a campesinos fieles a Evo que viajaban a manifestar su apoyo en la región de Pando. Las protestas se habrían iniciado tras el anuncio de dirigentes opositores de tomar medidas de presión para exigir la devolución de una renta petrolera que antes recibían sus regiones, cuyas regalías fueron redireccionadas para brindar un bono que ayudaría a sustentar la economía de los ancianos bolivianos.
El concepto de autonomía que evocan los opositores puede interpretarse como separatismo, porque líderes han dejado entrever en sus declaraciones la idea de separarse de Bolivia y conformar un nuevo país. Un acuerdo para una modificación de facultades y criterios de toma de decisiones es tolerable, pero una independización atentaría contra la soberanía nacional y particularmente si se busca lograrla por la fuerza, en una guerra civil.
Es muy importante dedicar un párrafo al rol de las Fuerzas Armadas Bolivianas durante el conflicto, en particular porque se han caracterizado en el pasado por estar fuertemente ligada a la derecha y cuando el conflicto comenzó a agravarse, los fantasmas de un golpe de estado volvieron a sobrevolar al país andino. Pero a diferencia de otras ocasiones, los militares bolivianos se han comprometido con la defensa de la democracia y su comandante, el general Luis Trigo, aseguró que no tolerarán el accionar de grupos radicales violentos. De todas maneras, el ejercito ha venido actuando con cautela debido a algunos antecedentes en que algunos altos mandos fueran juzgados por excesos, por lo que la misma falta de hegemonía en la región provoca que ni las mismas fuerzas coercitivas del Estado sepan cómo actuar.
Tal vez uno de los puntos más criticos en estos enfrentamientos haya sido la constante presencia de actitudes de odio racial. Es que los “cambas”, como los llaman a los cruceños, son en su mayoría blancos o mestizos y sus representantes como la Unión Juvenil Cruceña (UJC) son de extrema derecha, por lo que no es de extrañar el odio social hacia los “collas” a los que definen como macacos, animales o negros y los humillan o azotan en las calles de Santa Cruz.
Tras el vínculo que han venido manteniendo los mandatarios latinoamericanos en los últimos años, es interesante destacar el apoyo brindado en la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas donde los presidentes manifestaron su apoyo a la democracia y a la paz en Bolivia. El apoyo se da en un marco en que las relaciones entre América Latina y Estados Unidos pasan por su peor momento. El hecho determinante fue la expulsión del embajador norteamericano en La Paz, Philip Goldberg, a quien Morales acusó de conspirar con el prefecto de Santa Cruz un golpe de Estado. Hugo Chávez, salió al choque y anunció su disposición a enviar tropas si se producía un golpe ilegal en Bolivia. El resto de los líderes, evitó tal grado de radicalización, pero manifestó de diferentes maneras en contra del país del norte.
Sin duda, la situación indica una sola cosa: que la idea de una salida inconstitucional al conflicto está fuera de discusión y que por más que les pese a los opositores, el oficialismo es apoyado por la mayoría de su pueblo y tiene todo el derecho a llevar adelante su programa de gobierno.
De esta manera, a los ricos terratenientes se les aconseja conformar un proyecto político incluyente, presentarlo para las próximas elecciones y dejar que sea el pueblo quien decida en las urnas.
